La batalla por la acción ejecutiva que el Presidente Barack Obama anunció en noviembre del año pasado no termina con el fallo emitido por el juez federal de Texas Andrew S. Hanen: recién comienza, advierten analistas.As Al-Anon states, families and friends are relieved and surprised when viagra samples they learn they didn’t cause the alcoholism, they can’t cure it and they can’t control it. It also helps in cialis generic pills detecting any abnormalities in oesophagus or stomach, such as tumours, outgrowths, etc. Change your diet and try http://valsonindia.com/wp-content/uploads/2016/08/Quarterly-Financial-Results-Jun-15.pdf cialis without prescription consuming more fibers. Since look here levitra australia prices these are pills are made from the standard chemical compositions and hence the research costs are eliminated.
“Hanen emitió un interdicto que bloquea temporalmente la entrada en vigor de DACA y DAPA, pero el juez no ha emitido un fallo en torno a la constitucionalidad de dichas acciones”, dijo a UnivisionNoticias.com Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice.
La acción ejecutiva de Obama protege de la deportación a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010.
También amplía la cobertura de la Acción Diferida de los dreamers (DACA, por sus siglas en inglés) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010 y eliminaba el límite de edad.
Ambos grupos calificaban para pedir el freno de sus deportaciones y un permiso de trabajo renovables cada tres años.
A guerra avisada no hay muertos
Para el profesor Roberto Izurieta, director del departamento de Política Latinoamericana de la Universidad George Washington, el dictamen del juez Hanen “es el primer resultado de una bien advertida batalla legal en muchos estados orquestados por líderes conservadores relacionados con el Tea Party (Partido del Te) y el Partido Republicano”.
Agregó que “detendrá el proceso pero no creo que lo impida”. Y advirtió que “lo volverá más complicado y más riesgoso para los inmigrantes indocumentados para registrase, lo cual es de por sí un gran reto”.
Izurieta, sin embargo, señala que este tipo de dictámenes “tampoco será el último tropiezo” para la acción ejecutiva, y teme que “sólo se trata del principio de múltiples batallas legales a todo nivel”.
“No soy abogado pero pienso que el Gobierno ganará. Caso contrario no lo habría hecho”, anunciar la medida el pasado 20 de noviembre.
De la demanda entablada por 26 estados, 24 de ellos gobernados por la oposición, Izurieta dijo que “políticamente deja cada vez más claro que los republicanos no defienden los intereses de los inmigrantes, cosa que, temo que algunas organizaciones pro inmigrantes no lo tienen muy claro”.
“¿Cuántas más evidencias necesitarán?”, preguntó. “¿O estarán en realidad trabajando para otros intereses que no son los de inmigrantes indocumentados que quieren regularizar su situación?”
Obama tiene autoridad legal
Para Stephen W. Yale-Loehr, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Cornell, el interdicto preliminar del juez Hanen se tata de una medida “temporal” y al final del día la acción ejecutiva de Obama prevalecerá en la demanda interpuesta por 26 estados.
“A pesar de la retórica antiinmigrante en las 123 páginas de la opinión del juez, la orden judicial es temporal y en sí es estrecha, y se centra en la supuesta falta cometida por la Administración para seguir los procedimientos adecuados”.
Yale-Loehr insiste en que Obama tiene una “gran autoridad legal” para haber actuado administrativamente en materia de inmigración”.
También mencionó que el mandatario tiene autoridad ejecutiva amplia para dar forma a la aplicación y el cumplimiento de las leyes de inmigración, incluyendo el ejercicio de la discreción procesal para diferir deportaciones. “Por lo tanto, en el fondo, es probable que la medida tomada por el presidente prevalezca”.
En noviembre del año pasado, tras el anuncio de la acción ejecutiva, Yale-Loehr dijo que “los tribunales federales han señalado, con frecuencia, que el presidente tiene autoridad ejecutiva amplia para dar forma a la observancia y la aplicación de las leyes de inmigración, incluyendo el ejercicio de la discreción procesal para diferir deportaciones y racionalizar ciertas adjudicaciones”.
