Barack Obama regresó el lunes en la noche a Washington DC del feriado del Día de los Presidentes y se encontró con una mala noticia: el juez federal Andrew S. Hanen suspendió temporalmente la acción ejecutiva que anunció el 20 de noviembre del año pasado y que ampara a entre 4.5 y 5 millones de inmigrantes indocumentados.
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La tarde del martes, el presidente expresó su desacuerdo tras la decisión del juez y dijo que esta no es la primera vez que un juez de una corte baja bloquea o ha intentado bloquear algo que al final se comprueba que es legal.
También expresó su confianza en que la administración prevaleceraa en su batalla legal y dijo que “la ley está de nuestro lado y la historia está de nuestro lado.”
El presidente dijo que el gobierno continuará preparándose para llevar a cabo sus acciones ejecutivas, pero no comenzará hasta que se resuelva el caso legal. Eso podría tomar meses, por lo que Obama instó a los legisladores republicanos a volver a las negociaciones en una revisión más amplia de las leyes de inmigración del país.
“Debemos estar concentrados en detener a la gente en las fronteras, lo que refuerza nuestra eficacia allí, ir tras los criminales y delincuentes que están en medio de nosotros, y el fortalecimiento de nuestros sistemas de inmigración legal”, dijo Obama.
Asimismo, poco después del dictamen, a primera hora de este martes la Casa Blanca emitió un comunicado en el que dijo que el Departamento de Justicia apelará el fallo.
La Administración explicó que las órdenes ejecutivas anunciadas en noviembre del año pasado estaban dentro de la autoridad legal del presidente, y que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso indicaron que funcionarios federales pueden establecer prioridades para el cumplimiento de las leyes migratorias.
“La decisión de la Quinta Corte de Distrito (presidida por Hanen) evita erróneamente que entren en vigor esas políticas legales y de sentido común, y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará esa decisión”, aseguró la Casa Blanca en el comunicado.
La Administración agregó que el Departamento de Justicia, juristas, expertos en inmigración y el tribunal de Distrito en Washington DC, “han determinado que las acciones del Presidente están dentro de sus facultades legales”.
Dijo además que “altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, junto con líderes estatales y locales en todo el país, han hecho hincapié en que con estas políticas también se beneficiarán la economía y ayudará a mantener seguras a las comunidades”.
“La decisión del tribunal de distrito impide erróneamente estas políticas legales y de sentido común entren en vigor, y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará esa decisión”, precisó la Casa Blanca.
El recurso será ahora atendido por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleáns.
Las reacciones al fallo no se hicieron esperar. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) opinó que el dictamen es un grave revés pero el juez Hanen no declaró “inconstitucional” la acción ejecutiva, por lo cual aún puede ser superada su suspensión temporal.
“A pesar de su retórica extrema e inflamatoria, la decisión del tribunal de Texas no se sostiene explícitamente en que DAPA, DACA, o cualquier otro componente de la acción ejecutiva del gobierno federal, es inconstitucional”, dijo Cecilia Wang, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
A través de Twitter, Wang señaló que la acción ejecutiva está intacta y que “este sólo es el primer round”.
En tanto, United We Dream (UWD) dijo que el fallo del juez Hanen es “sólo un bache en el camino” y que la acción ejecutiva “sigue siendo sólida”.
“El fallo del juez Hanen no es permanente, y estamos seguros de que será derogado en un Tribunal Superior”, dijo Cristina Jiménez, directora de UWD.
“Los ataques republicanos, como esta demanda (de 26 estados liderada por Texas) no nos asustan, sólo enfocan nuestra determinación para hacer que estos programas sean aún más exitosos. Los casi 700 mil Dreamers que ya tienen DACA son prueba de que la acción ejecutiva trabaja”, agregó Jiménez.
En su fallo, Hanen asegura que “al haber hallado que al menos un demandante satisface todos los elementos necesarios para mantener la demanda”, concede “un mandato judicial temporal” para suspender la aplicación de las medidas hasta que haya “una resolución final de los méritos de esta causa o una orden ulterior de este tribunal”.
Hanen, quien fue propuesto para el puesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, es vista como un indicio de que a la postre podría inclinarse definitivamente a favor de los demandantes y fallar en contra de las medidas ejecutivas.
