Economista
Por Johnny Sanchez
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República Dominicana atraviesa una profunda crisis que afecta a la estructura gubernamental y a todos sectores de la sociedad. Actualmente, con los resultados a vistas, ya no se puede considerar como una crisis aislada, que solamente golpea a una determinada institución, o a un grupo específico del estrato social a consecuencias de hechos fortuitos causados por el mal actuar de una persona en cumplimiento de sus funciones administrativas, o por un fenómeno de la naturaleza.
Lo cierto y lo concreto es que el país está en una crisis general en el ámbito institucional, político, económico y social.
Las instituciones del Estado, salvo de algunas excepciones que no se puede mencionar a más de tres, presentan grandes déficits en el cumplimiento de sus fines, a pesar de estar superpoblada de funcionarios con altos salarios. En salud, los hospitales se ven superados en su capacidad por el número de pacientes, agravado por la falta de insumos desde los básicos para atención primaria.
En educación, las pruebas e índices de las instituciones educativas desde hace unos años están en últimos lugares. Ni hablar de la supervisión, aplican un sistema exportado de un país que había abandonado por considerar desfasado.
En la seguridad, la ciudadanía percibe a las instituciones policiales y militares como una amenaza, reputación que ganaron por años de prácticas delictivas, extorsivas y autoritarias de sus miembros, amigo de delincuentes y de dinero rápido por dejar pasar la droga, ellos no quieren que se venda en pesos, es sacala y dame lo mío en dólares.
La economía está estancada y en desaceleración. El costo de vida ha aumentado y representa el doble del monto del salario mínimo. El mes pasado, el índice de precios al consumidor o índice
de precios de consumo (IPC) presentó un aumento de 1,8% y la inflación interanual, alcanza 3,8%.
El precio de los alimentos como frutas, verduras y carnes ha disparado. A pesar de que los precios de los alimentos básicos han aumentado a los consumidores finales,
a los agricultores familiares campesinos, el sector responsable de abastecer el mercado interno, cada día se les paga menos por la producción.
En medio de la crisis, la agricultura familiar campesina sufre con la indiferencia estatal, pero todos esperan una visita sorpresa para llenarse de esperanzas, que solo se CUMPLEN en prensa y luego te dicen, vota por nosotros, porque si viene otro no te darán nada. Pero al mismo tiempo, como siempre, la baja producción o calidad representa la monedita de oro, porque a nombre de la fallida agricultura familiar campesina se hacen cuotas de importación y se obtiene ayuda internacional por millones de dólares cada año.
La cruda y dura realidad es que la agricultura familiar se utiliza como una fuente infinita de recursos que se emplea para mantener o aumentar el caudal electoral y político de los caudillos.
Mientras el país está en el abismo, las autoridades no presentan ninguna propuesta para mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.
No hay un plan creíble o factible para la reactivación de la economía.
La agricultura familiar campesina ni siquiera es nombrada. Hasta el momento, la única propuesta presentada es más construcciones, pero las Odebrecht no aparecen, ni Lula sabe dónde están hoy.
Al parecer, las autoridades se preguntan quién soy; de dónde vengo; cómo llegué acá y qué hago en este lugar. Pero están calladitos. Terminemos la farsa y vamos a elecciones, porque aquí, es sin trampa, se contará mesa por mesa, voto por voto, o habrá guerra.
