Por Liliam Mateo
Santo Domingo.- Marianella Ledesma del Tribunal Constitucional del Perú, advierte que la violencia política implica la existencia de actos destinados a impedir el pleno ejercicio de los derechos políticos de la mujer.
Al participar como expositoria en el II encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Gènero celebrado en Repùblica Dominicana, por el TC, explicò que mediante investigaciones se ha comprobado que la mayoría de mujeres que ostentan cargos públicos en Perú han sido víctimas de acoso político, por medio de amenazas, difamación, obstrucción de funciones e insultos, a lo cual se suman la violencia física, sexual y las amenazas contra miembros de sus familias.
“En Perú el 63% de las agraviadas identificaron como agresor a una autoridad elegida por voto popular o que pertenecen al sistema de administración de justicia”.
Asimismo, planteó que al existir una serie de desigualdades en el campo social, económico y civil, resulta muy difícil que el campo político se muestre más amigable a las expectativas de las mujeres”
Sostuvo, que el conflicto armado en Perú vino a reforzar la subordinación en contra de la mujer, pues en contextos de recrudecimiento de violencia política, la masculinidad agresiva se vuelve más grave para destituir a las líderes políticas del espacio público, ya que éstas se convierten en un enemigo político y un enemigo cultural-simbólico amenazante de los intereses del poder provenientes de tendencias masculinas.
No obstante este escenario, Marianella Ledesma, afirmó que las mujeres no se amilanaron, pues respondieron políticamente y se enfrentaron al odio de Sendero Luminoso.
Mientras, la magistrada Martha Olga García Santamaría, afirma que para “el Poder Judicial ha sido difícil avanzar en su jurisprudencia a favor de las mujeres, lo cual atribuye “al temor de los jueces y el Ministerio Público de tomar medidas suficientes en esta materia y romper con ello viejos paradigmas”.
Igualmente, reiterò que existe temor en aplicar leyes vigentes que confieren derechos a la mujer en materia de administración de bienes y de los hijos. Por ello, recalcó la necesidad de construir una jurisprudencia sin miedo, a fin de aplicar leyes que otorgan derechos a las mujeres en todos los ámbitos.
No obstante, defiende la labor del Tribunal Constitucional en la construcción de la jurisprudencia en materia de derechos de las mujeres, resaltando la sentencia de ese órgano que otorgó derechos de pensión a una mujer que sostuvo una relación de hecho con un miembro de las Fuerzas Armadas fallecido, a quien se le había negado esa prerrogativa por no estar unida por un vínculo matrimonial como disponía la ley orgánica de esa institución.
Al participar como panelista en el II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Gènero, organizado por el Tribunal Constitucional, la jueza reconoció que si bien se han dictado legislaciones adjetivas que regulan derechos de la mujer y establecen procedimientos para su exigibilidad, advierte que la reforma aún está pendiente de leyes sustantivas.
Jueza Margarita López Benítez de México, dijo que la violencia política inhibe a las mujeres en el desempeño de cargos de elección popular y en la participación activa en los espacios públicos gubernamentales.
Además, limita el ejercicio de todo tipo de liderazgo, incluyendo los vinculados con la participación política, debido al temor de las candidatas de ser víctimas de acoso, tanto por parte de los miembros de su partido como por la sociedad en general.
En tal sentido, refirió acerca de cómo la justicia constitucional se ha convertido en un instrumento para fomentar la no discriminación de los derechos políticos de la mujer.
La magistrada María Patricia Ariza-Velasco de Colombia, afirma que Estados Unidos también es responsables de adoptar medidas diligentes que impidan la violación de los derechos cometidos por particulares, al referirse a varias decisiones, entras las cuales figura una en el plano internacional: el caso “Campo Algodonero contra los Estados Unidos de México” de la Corte Interamericana, en la cual se identificaron problemas tales como la falta de investigación estatal de delitos.
Nelly Cedeño de Paredes de Panamá, disertò sobre aspectos conceptuales de la violencia patrimonial y laboral hacia las mujeres.
Planteó la importancia de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, con especial cuidado en el tratamiento otorgado a los usuarios, para su no revictimización.
Definió la violencia patrimonial aludiendo a todas las medidas de control y limitación sobre el patrimonio de las mujeres y la violencia laboral por las manifestaciones de agresión verbal, gestual, física, psicológica y sexual, en el marco de las relaciones de trabajo.
Cedeño reiteró la urgente necesidad del abordaje de la violencia contra la mujer desde una perspectiva de género.
Sobre el contenido jurisprudencial de violencia laboral, patrimonial y política, la jueza Bárbara Cesar Siero, informo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene la mayor cantidad de mujeres magistradas, siendo la presidenta una mujer.
La panelista destacó que la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece, la inclusión como violencia contra la mujer, la psicológica, patrimonial y laboral.
Aclarò que la violencia política no está contemplada en el derecho venezolano, pero que “existe una jurisdicción especial con relación a la violencia contra la mujer que es muy utilizada”.
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