La convocatoria esta semana a un encuentro virtual para tratar los desafíos del autoritarismo enfada a China, Rusia, Hungría y otros países excluidos como El Salvador, Guatemala, Nicaragua o Cuba
El éxito de una fiesta depende mucho de su lista de invitados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha convocado una este jueves y viernes y la nómina de asistentes (pero, sobre todo, la de excluidos) amenaza con aguársela. Se trata de la Cumbre por la Democracia, una iniciativa virtual que reunirá a 110 países para debatir sobre los desafíos que plantea el autoritarismo, la mejor manera de combatir la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
Desde su anuncio el pasado mes de agosto, la idea, que Biden ya puso encima de la mesa durante su campaña presidencial, no ha dejado de suscitar polémica. Es controvertida por lo que subyace en la confección de una lista que divide entre “buenos” y “malos” al mundo, que si alguna vez pudo interpretarse en términos binarios, ese tiempo queda muy lejos, pero sobre todo por quiénes quedan dentro y quiénes fuera. ¿Brasil, Irak y Filipinas? Que pasen. ¿Turquía, Rusia y Egipto? No están invitados. Tampoco Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí, Honduras, Bangladés, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Marruecos, China o Cuba, para cuyo ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, esta cumbre es un síntoma de la “debilidad” de Washington.
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Pekín, molesto tanto por su exclusión como por la invitación de Taiwán, respondió este fin de semana con un documento titulado China, una democracia que funciona, en el que presumía de sus credenciales como Estado de derecho, pese a décadas de evidencias en contra, y argüía que “no hay un modelo fijo de democracia”. También dudaba de la validez de Estados Unidos, un país que ha demostrado estar “polarizado en la respuesta a la pandemia”, como árbitro en estos asuntos.
Ha sido la última piedra de un edificio argumental levantado por el Gobierno de Xi Jinping durante semanas para contestar la iniciativa de Biden, que incluyó la publicación el mes pasado en la revista conservadora sobre relaciones internacionales National Interest de una tribuna firmada por su embajador en Washington, Qin Gang, y por el ruso, Anatoly Antonov, en la que ambos despachaban la cumbre como un “producto que evidencia su mentalidad [de Biden] anclada en la Guerra Fría”, que “solo avivará la confrontación ideológica y creará nuevas divisiones”.
La exclusión de Hungría, miembro de la OTAN y el único país de la UE que no está en la lista, provocó también el enfado de su primer ministro, Viktor Orbán, que ha logrado evitar, con el ejercicio del veto, que la Unión participe activamente y que adquiera en la cumbre compromisos comunes jurídicos o financieros. Tanto el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asistirán, pero tendrán las manos atadas a la hora de ofrecer compromisos vinculantes, y sus intervenciones deberán limitarse a los principios previstos en el Tratado de la Unión para la política exterior comunitaria.
Ted Piccone, investigador de Brookings Institution, ha cotejado la lista, que publicó el Departamento de Estado en su web el pasado 24 de noviembre, con el último índice del World Justice Project, que ordena la salud del Estado de derecho en 139 países, para detenerse en algunos ejemplos “extraños”. Pakistán ha sido invitado, aunque a última hora declinó participar, pese a ocupar el puesto número 130 en ese índice (en su caso, como en el de Ucrania, ha pesado la condición de aliados estratégicos de Estados Unidos). Polonia también participará, pese a que desde 2015 “ha caído 10 puntos”, igual que la República Democrática del Congo (que figura en el puesto 137). Y otros países, como Bolivia o Sierra Leona, mejor situados en ese índice y en otros como el del Economist Intelligence Unit, no están convocados.
