Los casi 6,000 inmigrantes salvadoreños amparados bajo un Estado de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) en Estados Unidos y que todavía no han recibido sus permisos de trabajo, lo tendrán en sus manos antes de que finalice el año, aseguró el martes el gobierno.
“Esperamos adjudicar estos casos y emitir las autorizaciones de empleo (EAD, por su sigla en inglés) a los beneficiarios elegibles para el final de diciembre”, dijo a Univision Noticias Joanne Ferreira, vocero de la USCIS. “Esos documentos tendrán una fecha de vencimiento del 9 de septiembre de 2016”.
La demora se hizo pública el lunes cuando organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes señalaron que unos 6,000 indocumentados de El Salvador se hallaban en un “limbo” por el atraso en la entrega de los carné.
La mayoría de los afectados presentó sus solicites de cobertura a principios de marzo, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS; por su sigla en inglés) abrió la ventanilla para la recepción de solicitudes de reinscripción, dijo la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).
Las posibles causas
“El problema de los atrasos se debió a problemas con la producción de las tarjetas de autorización de empleo”, dijo a Univision Noticias Abel Núñez, secretario ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN, por su sigla en inglés). “Y también por errores cometidos por los solicitantes pero se trata de un porcentaje bajo”.
Núñez agregó que esta vez “la capacidad de respuesta del gobierno no fue la misma que en años anteriores” y que en varios casos “los afectados han perdido sus empleos”.
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“Pero no pierden el estatus, siguen siendo protegidos por el TPS pero con una autorización de empleo con fecha vencida”, dijo Núñez. “Ha ocurrido en registraciones anteriores pero no con tantas demoras como ahora. Los patrones los despiden porque piensan que son indocumentados y no es así. Quieren ver un documento von fecha válida”.
Qué dice El Salvador
La embajada de El Salvador en Washington dijo que el número de atrasos bordea los 6,000 pero explicó que no en todos los casos se debe a demoras por parte de la USCIS.
“Hay personas que tienen un proceso de inmigración pendiente, han sido detenidos por faltas leves o graves, faltó un documento en la solicitud y todo eso afectó el trámite”, dijo a Univision Noticias la oficina de prensa de la sede diplomática.
Agregó que en otro importante número de casos “las personas cambiaron de residencia y no notificaron a la USCIS la nueva dirección”.
“En esos casos la agencia no lo sabe. Nosotros nos basamos en nuestros archivos y notificamos a la dirección que el inmigrante nos proporcionó durante el registro anterior. Lo mismo si falta un documento”, dijo Ferreira. “Si el inmigrante cambió de domicilio y no lo notificó, jamás se enterará de las notificaciones que la USCIS le envíe. Legalmente deben hacerlo”.
El trámite mencionado por Ferreira se puede hacer por internet. La USCIS dijo que la información es recopilada en cumplimiento de la ley de inmigración vigente, y que el propósito principal “es proporcionarle una actualización sobre su estatus y los plazos de procesamiento estimados para una solicitud o petición pendiente para el beneficio de inmigración”.
El DHS advierte que la información “puede ser compartida con los organismos de aplicación de la ley u otras agencias gubernamentales según sea necesario para responder a amenazas posibles o reales contra la seguridad nacional”.
La USCIS insistió en que los indocumentados bajo el amparo del TPS “tienen que mantener toda la información al día, sobre todo si ha habido cambio de estatus. Tienen que enviar información completa en caso de matrimonio, cambio de nombre y dirección. Si tiene dirección equivocada eso atrasa los casos porque el sistema no está actualizado y enviaremos notificaciones a la dirección anterior y los casos se pierden”, dijo Ferreira.
Pero la respuesta oficial no es suficiente para Núñez. “No es la primera vez que registramos a nuestra comunidad en el TPS. Ya llevamos como 17 años haciéndolo, es algo cotidiano cada cierto tiempo. Ellos (el gobierno) sabe cómo hacerlo y esta vez fallaron”.
En el caso del envío de solicitudes con errores “no pienso que sean tantos. Aunque sí algunos perdieron su estatus porque acudieron a lugares donde no tenían que haber ido, cometieron crímenes y ahora no califican para el beneficio”, reconoció.
Otras justificaciones
Fuentes de USCIS consultadas por Univision Noticias y que están enteradas del tema, dijeron que en que si bien el número de salvadoreños protegidos con TPS de 250,000 a unos 204,000, se han agregado más países a la lista.
“A los salvadoreños se suman casi 3 mil sirios, unos 500 yemeníes, casi 7,000 inmigrantes de Nepal, 60,000 hondureños, 3,000 nicaragüenses e indocumentados de Somalia, Nueva Guinea, Liberia y Sierra Leona.
“A todos ellos se les revisa los antecedentes antes de aprobar sus solicitudes. Les advertimos que envíen sus documentos con un anticipo de por lo menos 90 a 120 días para procesarlos y autorizarlos”, dijo la agencia.
Historia del amparo
El TPS a El Salvador fue otorgado por primera vez en marzo de 2001 por un plazo de 18 meses a causa de dos potentes terremotos que azotaron el país 13 de enero y el 13 de febrero de ese año.
A comienzos de junio de 2002 el entonces fiscal General, John Ashcroft, comunicó la primera prórroga de 12 meses que venció el 9 de septiembre de 2003. En Julio de 2003 la Casa Blanca anunció la segunda extensión, y en enero de 2004 el DHS anunció una tercera prórroga hasta el 9 de septiembre de 2006.
El 23 de febrero de 2006 nuevamente el DHS anunció la cuarta prórroga esta vez por 12 meses hasta el 5 de julio de 2007. El 3 de marzo de 2007 el jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff, anunció una quinta prórroga hasta el 9 de marzo de 2009.
El 24 de septiembre de 2008 el entonces presidente Antonio Saca anunció que el gobierno de Washington había prorrogado nuevamente el beneficio por otros 18 meses, hasta septiembre de 2010. El 10 de julio de 2010 el Registro Federal publicó la séptima prórroga hasta el 9 de marzo de 2012.
El 10 de enero de 2012 el DHS anunció una nueva extensión, la octava, por un período adicional de 18 meses. La última extensión fue anunciada por el DHS el 7 de enero de 2015 y rige hasta el 9 de septiembre de 2016.
El beneficio frena temporalmente las deportaciones y concede un permiso de trabajo que vence el día que termina la cobertura del amparo.
