El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha dado muestras de selectividad en sus actuaciones como consejero, y también lo ha hecho en el desempeño de sus funciones como procurador en busca de justicia.
Como presidenta de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, dijo que el expediente presentado para las medidas de coerción por los sobornos de Odebrecht no estaba completo y que las pruebas eran inconsistentes. Eso irritó hasta el día de hoy a Jean Alain Rodríguez. En el camino, sin embargo, tuvo que excluir al 60 por ciento de los imputados inicialmente. Es decir, pese a su incomodidad, le dio la razón a Miriam Germán Brito.
El señor Jean Alain Rodriguez ha querido mostrar el expediente de Odebrecht como la gran cosa. Ha dicho que es un persecutor de la corrupción, y que ese caso es el mayor de toda la historia de corrupción del país. Excluyó -diciendo que fue limpio y lícito- a Punta Catalina de los sobornos de Odebrecht. Excluyó a los políticos del caso Odebrecht (Temístocles Montás, Radhamés Segura, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Ruddy González, César Sánchez), también excluyó a los legisladores del caso de Los Tucano. Esos expedientes están preparados para que no funcionen, por más esfuerzos que hagan los fiscales. Exponen a unos cuantos acusados y esconden a muchísimos más.
Estamos hablando de un ministerio público que ha cometido abusos que no Pueden ser olvidados. Bolívar Sánchez, procurador general adjunto, ahora ha surgido como el responsable del espionaje telefónico a Miriam Germán. Jean Alain le ordenó hacer tal cosa. Pero su pasado también lo ubica como un funcionario que se ha excedido en sus funciones.
Recordemos al fiscal de Puerto Plata Teódulo Ceballos Peñaló, quien fue espiado, denunciado y perseguido por vinculaciones con el crimen organizado, que incluía el robo de propiedades a extranjeros, y cuando los fiscales especiales se desplazaron a la provincia, Fran Soto Sánchez y Bolívar Sánchez Veloz, aquello terminó en una tragedia. En el intento de detener y apresar al fiscal Ceballos Peñaló se produjo una balacera (era de noche), y el fiscal resultó muerto, además de un agente policial herido.
Un caso como este debió ser objeto de investigación. Y lo fue. La investigación exhaustiva la hicieron la procuradora general adjunta Gisela Cueto González, la procuradora de Corte de Apelación de Santiago,Vielka Calderón Torres, y el procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa.
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Recomendaron al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, suspender a los miembros del Ministerio Público que actuaron en el caso (Bolívar Sánchez Veloz y Fran Soto Sánchez), y que fueran sometidos a la acción disciplinaria que establece el Estatuto del Ministerio Público. Seis meses de suspensión. Y ahí terminó todo
Bolívar Sánchez Veloz es mencionado como un funcionario público eficiente. Fue la persona que pidió la interceptación del teléfono de la magistrada Miriam Germán Brito, y Fran Soto Sánchez es miembro de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, y es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue examinado para la ratificación en la posición, y nadie optó por preguntar sobre aquellos incidentes sangrientos.
Un grupo de jueces de carrera solicitó, sin éxito, la salida de Fran Soto del Consejo Nacional de la Magistratura, siguiendo una petición que habían realizado numerosas instituciones de la sociedad civil, encabezadas por la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana. La ley establece que el 75 por ciento de los jueces tienen que ser de carrera, y que solo un 25 por ser escogido entre los profesionales que no han pasado por la Escuela Nacional de la Judicatura. Los dos jueces que representan al poder judicial en el Consejo Nacional de la Magistratura son políticos y no pasaron por la ENJ: Mariano Germán y Fran Soto.
Fran Soto dijo a los miembros del CNM que cuando Arsenio Quevedo le compró una residencia en 4.1 millones de pesos, lo hizo dos años antes de quedar involucrado en actos criminales. Y nadie quiso más información al respecto. Ese no es el tiempo transcurrido entre el acto de venta y las acusaciones que ya había hecho el sindicalista Juan Hubieres de la batalla violenta en la que se encontraban involucrados UNATRAFIN y FENATRANO, con varios dirigentes sindicales asesinados, en particular los de FENATRANO.
Y quedó sin respuesta el señalamiento de José Ignacio Paliza, sobre las cancelaciones de personas en la Jurisdicción Inmobiliaria, acusadas injustamente, sin pruebas, de haber proporcionado información sobre ese acto de venta del magistrado Soto Sánchez. Un magistrado que teniendo una vivienda propia recibe otra vivienda del gobierno en condiciones casi de concesión, pero que rápidamente la vende. La operación no es transparente, ni se corresponde con la ética de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, que tanto él como su esposa trabajan para instituciones del Estado, con salarios tan altos como los descritos por el juez Soto. Tampoco necesitaban la vivienda que les asignó el entonces presidente Leonel Fernández.
Lo que hemos visto en estas sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura es el abuso, la prepotencia y el tratamiento preferencial con ciertos magistrados.
