El Departamento de Justicia, liderado por el fiscal general Jeff Sessions, notificó a los jueces de inmigración que empezará a evaluar su desempeño laboral en función del número de casos migratorios que cierran al año. La intención del gobierno es acelerar el número de deportaciones y reducir los largos atrasos que el sistema acumula.
Según confirmó a Univision Noticias la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, el nuevo sistema fue comunicado por email el pasado viernes 30 de marzo y establece evaluaciones anuales a los jueces migratorios.
Para que obtengan una buena calificación, deberán haber cerrado al menos 700 casos al año. Los nuevos criterios entrarán en efecto en el próximo año fiscal, que empieza el próximo 1 de octubre, según se lee en el email publicado por The Daily Beast.
Para Ashley Tabaddor, jueza de inmigración en Los Ángeles y presidenta de laAsociación Nacional de Jueces de Inmigración, este paso de la administración Trump es ” una absoluta violación de la independencia de los jueces“, dijo a Univision Noticias.
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Fuertes retrasos
Hay casos pendientes de resolución con fechas estimadas en 2020, lo que suele dar tiempo a los inmigrantes antes de que se decidan sus casos e incluso les puede aportar permisos de trabajo temporales. Las cortes de inmigración tienen acumulados casi 700,000 casos, según datos Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Siracuse en Nueva York.
“Hay demasiados casos frente de la corte y nadie puede cumplir con todos ellos si no hay jueces”, dijo recientemente la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, a Univision Noticias. Pero, al parecer, el gobierno quiere que esos jueces ya contratados aceleren sus decisiones.
“El propósito de implementar estas métricas es impulsar un manejo de los casos eficiente y efectivo mientras se preserva la discreción de los jueces de inmigración y el debido proceso”, escribió a los magistrados James McHenry, el director de la Executive Office for Immigration Review, la oficina gubernamental que administra los casos de inmigración pendientes.
“Muy problemático”
Sin embargo, asociaciones de jueces y abogados de inmigración temen que este sistema ponga en peligro la independencia judicial.
