Los poco más de 2,500 inmigrantes indocumentados nicaragüenses protegidos de la deportación por un Estatus de Protección Temporal (TPS), tienen plazo hasta el 18 de febrero para reinscribirse en la última prórroga concedida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado mes de noviembre.
El programa fue extendido por un año hasta el 5 de enero de 2019, explicó la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La agencia federal dijo que el plazo para el envío de las solicitudes de reinscripción fue abierto el 15 de diciembre y vence el 13 de febrero.
“Los procedimientos de reinscripción, incluido cómo renovar la documentación de autorización de empleo, han sido publicados en el Registro Federal”, indicó el USCIS. “Todos los solicitantes deben presentar el Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal”, agregó.
Los beneficiarios del programa también pueden solicitar un permiso de trabajo o Documento de Autorización de Empleo (EAD) mediante la presentación de unFormulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo).
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La cancelación
El TPS de Nicaragua fue cancelado por el gobierno del presidente Donald Trump el 6 de noviembre. El beneficio migratorio fue otorgado por el gobierno de Estados Unidos en 1999, tras el paso del huracán Mitch por costas centroamericanas.
Además de favorecer a unos 6,000 nicaragüenses (de los cuales quedan poco más de 2,500), el programa amparó de la deportación a poco más de 87,000 indocumentados hondureños. De ellos quedan unos 56,000.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en noviembre que las condiciones que motivaron el TPS en 1999 en Nicaragua “ya mejoraron lo suficiente como para cancelar el programa humanitario”, y que el gobierno de Managua a través de su cancillería no había comunicado el deseo de que fuera extendido.
Respecto al TPS de Honduras, el DHS concedió una prórroga automática de seis meses al último plazo para “revisar documentación entregada por la Cancillería de ese país”.
Sesenta días antes del 5 de julio de 2018 el DHS deberá anunciar si extiende o cancela el TPS de Honduras. Y si lo cancela, debe determinar si, al igual que Nicaragua, le concede una última prórroga por 12 meses, para que durante ese tiempo los beneficiarios “puedan regularizar su permanencia por cualquier vía legal o abandonar el país”, advierte la agencias.
