Por JUAN T H
El Partido de la Liberación Dominicana dejó de ser una organización política con el propósito resolver los problemas de la nación ha mediano, corto y largo plazo durante un proceso ininterrumpido hacia el desarrollo, máxime en un momento en que la ciencia y la tecnología van creando una brecha, casi insuperable, entre países pobres y países ricos.
El PLD es la empresa más grande y poderosa del país gracias a la enorme fortuna que han acumulado sus principales accionistas en los últimos 15 años, mayor que la de los grupos tradicionales, pues tienen bajo su control absoluto Congreso, Justicia, Prensa, Fuerzas Armadas, Policía, JCE, TSE, Cámara de Cuentas, Ayuntamientos, iglesias católica y evangélicas, lo que le da una hegemonía sin precedentes.
Es muy difícil que una corporación tan grande y monopólica abandone el Estado a través de elecciones, las cuales siempre podrá manejar ya sea mediante el clientelismo y el paternalismo (Pica-Pollo más 500 pesos), fraudes, uso de la fuerza militar y los planes sociales donde se encuentra el 25% de los ciudadanos que se encuentran en el padrón de la JCE.
Nunca la República Dominicana había tenido una situación similar tras la muerte de Trujillo. Lo que vivimos hoy es totalmente inédito.
Los dirigentes-empresarios del PLD no creen en la alternancia en el Estado. Con tanta fuerza y poder harán lo que tengan que hacer para seguir arriba porque salir significa el derrumbe total de su imperio.
El Congreso del “barrilito” que enriquece senadores solo sirve para legitimar intereses espurios, aprobar leyes que condenan a los pobres, endeudar la nación sancionando prestamos que sirven para hipotecar las presentes y futuras generaciones. El Congreso es una vergüenza.
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La impunidad es fundamental para la acumulación de capitales de los políticos convertidos en empresarios, pues gracias a ella se puede robar, desfalcar, estafar, traficar, matar, y hasta pasar por el “lodo sin
ensuciarse” porque como dijera el ex secretario general del PLD y el ex sacerdote Lidio Cadet, “los corruptos no dejan huellas”.
La impunidad es la muralla que impide se haga justicia condenando a los corruptos, enviarlos a la cárcel y despojarlos de los bienes que adquirieron ilícitamente para devolverlos al Estado.
Cientos de casos han sido conocidos. Ninguno adquiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, sobre todo cuando los involucrados tienen la categoría de socios mayores en el PLD. Esos no caen nunca. Una que otra vez, para guardar las apariencias, los jueces del gobierno encarcelan a pobres diablos, como el coronel de los Tucanos o los infelices de la OISOE.
El manto de impunidad que cubre Odebrecht con sus 92 millones de dólares en sobornos y las sobrevaluaciones, el financiamiento de las campañas electorales de Danilo Medina, es del tamaño de la Judicatura, el Congreso, el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la Policía y los medios de comunicación con sus bocinas, sus pitos, cornetas y megáfonos. Quiere decir que los grandes responsables jamás serán señalados, sometidos a la justicia o condenados porque de ser así el país se quedaría acéfalo de autoridades gubernamentales.
La impunidad –que el PLD defiende a rajatablas- con jueces impropios es una garantía de acumulación de riquezas y continuidad en el poder sin consecuencias penales.
