Por Elisabeth de Puig
Se repite en 2019, con la orden departamental 33-2019 del Ministerio de Educación, el mismo escenario y la misma ola de fanatismo que la desatada en 2018 con el proyecto de ley especial para la interrupción voluntaria del aborto por causas excepcionales, o los de 2013, en ocasión de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.
Como en ese entonces, miles de personas que no leyeron ni por asomo los documentos del caso, se permiten dar su opinión, extrapolar, debatir con furor, haciendo subir los hashtags de moda, pero sin argumentos coherentes ni un conocimiento mínimo de las cuestiones en debate.
Al final, nos volvemos locos, nos insultamos sin entender bien el trasfondo y las apuestas, mezclando los conceptos. Acabamos por hacer, con los discursos encarnecidos que sacuden los foros públicos, un verdadero arroz con mango, donde prima -lamentablemente muy a menudo- la ignorancia de algunos de los que debaten sobre los temas en la palestra. Estas sacudidas son tempestades en vasos de agua que nos desvían de los acuciantes problemas del momento.
No podemos negar que, hoy en día, es un fenómeno global ver a algunos actores muy dotados en el menester de confundir, desinformar e intoxicar las grandes mayorías, usando los mitos, miedos y tabúes de una sociedad.
La escuela no es ajena a lo que pasa en nuestra sociedad y es parte de ella. Reconoce que, hasta ahora, más bien se ha querido estar bien con Dios y con el Diablo y que esta situación nunca ha permitido la implementación de políticas claras de equidad de género
Estamos de nuevo confrontando esta penosa situación en nuestro país, donde prima todavía un bajo nivel de educación que permite la permanencia del patriarcado y de estereotipos machistas en una amplia franja de la población.
Los expertos en falacias mezclan la falta de objetividad y el deseo de confundir con la perversidad en el manejo de los hilos del inconsciente colectivo dominicano.
Al igual que quien promueve y propugna por una política migratoria basada en el respeto de los derechos humanos, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes no puede ser tildado de traidor o antipatriota, defender una política de genero no significa querer imponer una supuesta ideología de género ni a Sodoma y Gomorra en las escuelas.
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Una política de género es desmontar una contruccion psicosocial, el machismo, para educar con igualdad y equidad a niños y niñas, para que crezcan interiorizando la idea que varones y hembras tienen los mismos derechos, merecen las mismas oportunidades, no solamente en los textos sino también en la práctica.
Instituir una política de género es apegarse al mandato de la Constitución que, en su artículo 63, numeral 13, establece que en todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias las instrucciones en la formación social y cívica, y la enseñanza de la Constitución y de los derechos y garantías fundamentales. Entre éstos se encuentra el derecho a la igualdad y a la misma protección y trato sin discriminación por razones de género o de otro tipo consignado en el artículo 39, numeral 4.
Asumir dicha política es ser consistente con la Ley 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la cual indica las políticas transversales que deben ser incorporadas en todos los planes, programas y proyectos. Estas incluyen el enfoque de género, “a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones que contribuyan a la equidad de género”. Implica, además, cumplir con tratados internacionales de los cuales somos signatarios.
Al establecer los fundamentos de una política de género el Estado asume su papel frente a los requerimientos de la sociedad en un momento histórico determinado y se prepara para encarar, desde la escuela, males endémicos que arrastramos, como lo son nuestros tristes récords en la tasa de feminicidios, de embarazos a temprana edad, de violencia intrafamiliar.
La escuela no es ajena a lo que pasa en nuestra sociedad y es parte de ella. Reconoce que, hasta ahora, más bien se ha querido estar bien con Dios y con el Diablo y que esta situación nunca ha permitido la implementación de políticas claras de equidad de género.
Frente a estos hechos, el Estado y las escuelas están en la obligación de contribuir a destruir los estereotipos y prejuicios de género que aún viven en nuestra sociedad y a contener la violencia en todos sus aspectos: una sana convivencia pasa el establecimiento de una política de igualdad entre hombres y mujeres.
No nos podemos dejar confundir por mensajes engañosos de escribas interesados y fariseos hipócritas, cualquiera que sea la supuesta autoridad religiosa que ostenten, y que usan a menudo argumentos llenos de falacias.
Contrario a éstos, el papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia católica, al ser preguntado por la igualdad de género argumentó que “un nuevo comienzo debe ser escrito en el ethos de los pueblos y esto puede hacerlo una renovada cultura de la identidad y la diferencia. Los hombres y mujeres sufren el impacto de una revolución cultural en la que la iglesia debe realizar su parte y reconocer honestamente los retrasos y faltas».
Esperamos que, en los próximos años, a partir de la entrada en vigor y ejecución de la orden departamental 33-2019, se produzcan avances relevantes en el ámbito de la igualdad efectiva de oportunidades; se enriquezca la nueva legislación no discriminatoria y de igualdad de género, al mismo tiempo que se realicen las adaptaciones institucionales necesarias para forzar la superación de los principios patriarcales que han mantenido a las mujeres en un rol subordinado en nuestro país.
