Esa fue una conclusión del informe que rindió la Comisión
de Libertad de Prensa e Información en la Asamblea de la Sociedad
Interamericana de Prensa, celebrada esta semana en Caracas, Venezuela.
El informe de ese organismo de la SIP recoge lo
expresado por un documento del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), en el que señala que
funcionarios y personalidades que no comprenden el rol de los medios de
comunicación tratan de intimidar a los periodistas para que no realicen su
trabajo libremente.
“En efecto, se están produciendo situaciones en que
funcionarios o ciudadanos llaman a los periódicos o los medios de
comunicación electrónicos, no para ejercer el derecho a réplica o hacer
aclaraciones pertinentes y respetuosas, sino para proferir amenazas y en
algunos casos materializarlas a través de demandas por supuestos actos de
difamación e injuria”, expresa el reporte de la SIP.
Agrega que la mayoría de las demandas son desestimadas en
los tribunales, pero durante los procesos hacen que los medios y periodistas
pierdan momentáneamente su concentración en el trabajo.
Estable que los medios tienen que verificar las
informaciones que divulgan y actuar con seriedad, respetando la honra de los
ciudadanos, pero que no pueden laborar bajo presión o ejerciendo un
periodismo complaciente.
“En medio de este preocupante panorama, se produjo un
hecho de gran satisfacción para el periodismo dominicano, cuando la Suprema
Corte de Justicia escribió una de las páginas más memorables en la historia
de la Justicia dominicana con la sentencia que impone la condena máxima de
30 años a Joaquín Antonio Pou Castro por el asesinato del periodista Orlando
Martínez”, dice el informe.
Añade que “32 años después de un horrendo crimen contra
un mártir por el ejercicio vertical e indomable de la libertad de expresión
y difusión del pensamiento, se hace justicia a uno de sus asesinos”.
