introducidos
respondan a un interés político y personal, encaminado a afectar la buena
imagen ganada por esta gestíón, razón por la cual, al carecer de sustento
y documentación que avale tales calificativos, no se actúa en consecuencia
y se limitan a querer hacer daños", apuntó.
Indicó
que en ese sentido, se estará informando a la opinión pública que en los
próximos días responderá de manera diaria y por separado cada una de las
afirmaciones , tales como que hay una resolución del Pleno que limitó
hasta el 16 de enero de 2008 la entrega de documentos de identidad y
electoral, con interés de justificar una compra de plásticos, lo que
entiende es falso.
Precisa, asimismo, que es de todo
conocido, y de los propios miembros del organismo fiscalizador, quienes
ejercen el voto, que la fecha de vencimiento para la emisión del plástico
es el 14 de mayo del año electoral que corresponda.
Rosario fue enfático al señalar como
falso que en la JCE se adjudiquen obras grado a grado y que la compra de
bienes inmuebles hecha a la Superintendencia de Seguro no esté avalada por
un contrato.
"La afirmación de que la Cámara
Administrativa compró bienes inmuebles sin la aprobación del Pleno de la
JCE, es falsa. La afirmación de que la JCE controla los gastos de los
partidos políticos y debe aplicar sanciones al respecto, es falsa, La
afirmación de que la compra de inmueble debe ser hecha mediante el
procedimiento de licitación pública, es falsa", insistió Rosario.
Dijo asimismo, que el hecho de que la
Cámara de Cuentas sugiera en su informe que el Pleno de Miembros del
tribunal defina las atribuciones de la Cámara Administrativa en lo
relativo a las contrataciones de obras y adquisición de inmuebles, pone en
evidencia que éstos se preocuparon más por satisfacer algunos egos de la
JCE, al margen de los cauces institucionales, y de manera indebida este
órgano se inmiscuye en las diferencias internas entre algunos miembros de
ese tribunal.
En este caso el magistrado, hace
referencia a la Ley No.02-03 del 7 de enero del 2003, que modifica la Ley
275-97.
"En conclusión, al leer este informe
de la Cámara de Cuentas, nos pareció que estamos observando la última
edición de la saga de la serie de Hannibal, en la cual un actor que
encarna el personaje "dragón rojo" le imputa a los personajes de sus
alucinaciones ser los responsables de las muertes que produce, ya que no
es en esta Junta donde se otorgan contrato grado a grado, ni es
precisamente en esta institución que se cobran remuneraciones que no
corresponden", concluyó.