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La entidad pidió la renuncia de todos
los miembros de la Cámara de Cuentas, debido a la falta de credibilidad que
frente a ellos tiene la población dominicana.
"Tal y como lo hicimos desde que
fueron escogidos, demandamos la renuncia de todos los miembros de la Cámara
de Cuentas y de no hacerlo, solicita a la Cámara de Diputados que apodere al
Senado de la República para que se produzca su destitución y se designen
nuevos miembros que reúnan los requisitos de capacidad, integridad e
independencia",consideró.
Puntualizó que es obvio que los
actuales miembros de la Cámara de Cuentas han perdido toda credibilidad ante
el país y que su permanencia representa un serio obstáculo en la lucha
contra la corrupción.
PC mostró su preocupación por el
deterioro que afecta la institucionalidad, así como el retroceso que existe
en la lucha contra la corrupción, que en los últimos días ha quedado
evidenciado por diversos casos.
Citó entre esos casos el escándalo
que se ha producido en la Cámara de Cuentas, la omisión por parte de la
Procuraduría General de la República de Ángel Lockward y la denuncia de que
en las escuelas públicas se estaría sirviendo en el desayuno escolar una
leche que carece de nutrientes.
"Participación Ciudadana nunca ha
pretendido convertirse en tribunal para determinar la culpabilidad o
inocencia de cualquier imputado, pero ha reclamado y reclama que se permita
que sean precisamente los jueces quienes tomen esa decisión", dijo .
Consideró que no cabe dudas de que el
criterio utilizado para la selección de los miembros de la Cámara de
Cuentas, es el responsable de que esa entidad no haya podido cumplir con su
rol, habiendo producido apenas diez auditorias en los últimos tiempos.
La entidad criticó el hecho de que la
Cámara de Cuentas no haya ofrecido ninguna explicación con relación al
conflicto que mantuvo enfrentados a su presidente y ha siete jueces de ese
organismo.
Precisó que en lo referente al caso de
Lockward ,con esa decisión el Departamento de Prevención de la Corrupción
Administrativa (DPCA) queda muy mal parado, debido a que semanas antes de
las elecciones había decidido continuar con el caso seguido contra Lockward,
sólo para presenciar que el superior jerárquico lo desautorizaba y desistía,
justo luego de concluidas las elecciones.
"Elecciones en las que el imputado
jugó un rol importante a favor de la reelección, dejando en la ciudadanía la
percepción de que la justicia es utilizada para pagar apoyos electorales",
agregó.
Añadió que hechos como los descritos
ameritan que la ciudadanía se decida a ejercer los derechos que posee de
reclamar soluciones institucionales e incluso tomando iniciativas que venzan
la inercia de la administración y del ministerio público en la búsqueda de
las mismas.
"Los órganos internos de Participación
Ciudadana discutirán en el futuro la implementación de un plan que permita
a la ciudadanía estar conscientes de las herramientas que posee para dejar
de ser una simple espectadora de este tipo de escándalos y comience a
utilizarlas", enfatizó. A continuación documento íntegro de Particiación
Ciudadana:
Participación Ciudadana desea expresar
su profunda preocupación por el deterioro de la institucionalidad y el
retroceso existente en la lucha contra la corrupción, que en los últimos
días ha quedado evidenciado por los siguientes hechos:
1. Nuevo escándalo de la Cámara
de Cuentas: Las acusaciones vertidas por el Presidente de la Cámara de
Cuentas en una misa en la Catedral, en las que refiriéndose a los demás
miembros del organismo, señaló que se producían “apandillamientos cómplices
contrarios a toda ética y al interés supremo de nuestros ciudadanos”. Estas
declaraciones fueron respondidas por siete de sus miembros, que obviamente
se sintieron aludidos, denunciando serias irregularidades cometidas por el
presidente, sin que se haya ofrecido una explicación al respecto. No cabe
dudas de que el criterio utilizado para la selección de los miembros de la
Cámara de Cuentas es el responsable de que la misma no haya podido cumplir
con su rol, habiendo producido apenas diez auditorias en los últimos
tiempos. Participación Ciudadana, tal como lo hizo desde que fueron
escogidos, demanda la renuncia de todos los miembros de la Cámara de Cuentas
y de no hacerlo, solicita a la Cámara de Diputados que apodere al Senado de
la República para que se produzca su destitución y se designen nuevos
miembros que reúnan los requisitos de capacidad, integridad e
independencia. Es obvio que los actuales miembros han perdido toda
credibilidad ante el país y su permanencia representa un serio obstáculo en
la lucha contra la corrupción.
2. El desistimiento de la acción
pública por parte de la Procuraduría General de la República en el caso
seguido contra Ángel Lockward. Participación Ciudadana nunca ha pretendido
convertirse en tribunal para determinar la culpabilidad o inocencia de
cualquier imputado, pero ha reclamado y reclama que se permita que sean
precisamente los jueces quienes tomen esa decisión. Queda muy mal parado el
Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), que
semanas antes de las elecciones había decidido continuar con el caso seguido
contra el señor Lockward, sólo para presenciar que el superior jerárquico lo
desautorizaba y desistía del caso, justo luego de concluidas las elecciones
en las que el imputado jugó un rol importante a favor de la reelección,
dejando en la ciudadanía la percepción de que la justicia es utilizada para
pagar apoyos electorales.
3. Denuncia sobre la leche que
servida a través del programa de desayuno escolar. Uno de los hechos más
graves de los últimos tiempos fue denunciado recientemente por la
periodista Nuria Piera, quien basándose en pruebas de laboratorio, informó
que la mitad de la leche que se suministra a los niños a través del
desayuno escolar no posee los nutrientes necesarios por lo que es
prácticamente agua con saborizante. Hasta ahora el Departamento de
Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) no ha reaccionado, a pesar
de que debió iniciar una investigación para someter a la justicia a los
responsables de esta estafa contra el Estado, que afecta fondos públicos y
que por perjudicar a los niños pobres del país, constituye un verdadero
crimen de lesa humanidad. Tampoco la Secretaría de Estado de Educación ha
ofrecido una explicación al país o por lo menos informado que ha iniciado
una investigación de la denuncia. Solicitamos y exhortamos a que la
Secretaría de Estado de Educación se pronuncie al efecto.
Hechos como los descritos ameritan que
la ciudadanía se decida a ejercer los derechos que posee de reclamar
soluciones institucionales e incluso tomando iniciativas que venzan la
inercia de la administración y del ministerio público en la búsqueda de las
mismas. Los órganos internos de Participación Ciudadana discutirán en el
futuro la implementación de un plan que permita a la ciudadanía estar
conscientes de las herramientas que posee para dejar de ser una simple
espectadora de este tipo de escándalos y comience a utilizarlas, incluyendo
la que dispone el artículo 85 del Código Procesal Penal, que dispone lo
siguiente: “En los hechos punibles que afectan intereses colectivos o
difusos pueden constituirse como querellantes las asociaciones, fundaciones
y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule
directamente con esos intereses…En los hechos punibles cometidos por
funcionarios públicos, en el ejercicio de su función o en ocasión de ella, y
en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse
como querellante”.
Consejo Nacional
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