Hugo Chavez Frias
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Chávez pone límites a la libertad de expresión
Durante su programa de radio, el 3 de julio pasado, la fiscal general de
Venezuela se juró a sí misma y a la audiencia que redactaría un proyecto de
Ley Especial de Delitos Mediáticos para sancionar a aquellas emisoras,
televisiones, diarios y páginas web que con sus informaciones
generaran zozobra y pánico entre los ciudadanos.
Y cumplió su palabra: la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, presentó
ayer al Parlamento un instrumento legal que permitirá al Gobierno de Hugo
Chávez sancionar, con penas de seis meses a cuatro años de cárcel, a todo el
que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan
atentar contra "la estabilidad de las instituciones del Estado", "la paz
social, la seguridad e independencia de la nación", la "salud mental o moral
pública" y el "orden público", o que "generen sensación de impunidad o de
inseguridad" entre la población. |
Casi todos los ciudadanos,
incluyendo a la fiscal, son susceptibles de ser penados con esta futura ley:
los periodistas, los locutores, los conferenciantes, los productores
nacionales independientes, los artistas o "cualquier otra persona que se
exprese a través de cualquier medio de comunicación impreso, televisivo o de
cualquier otra naturaleza", dice el artículo séptimo del proyecto de ley.
También se incluyen en este artículo los propietarios y directivos de medios
de comunicación. El artículo 5 es particularmente severo al castigar el
delito que define como "divulgación de noticias falsas" que ocasionen "una
gran alteración a la tranquilidad pública" o "hubieren producido un
perjuicio a los intereses del Estado". Para las personas y los dueños de
medios que publiquen este tipo de información, la justicia podrá aplicar
penas de dos a cuatro años de prisión. El mismo castigo está reservado para
los que "manipulen" o "tergiversen" una noticia, "generando una falsa
percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad",
La propuesta presentada por la fiscal no establece qué organismo será el
responsable de determinar la falsedad o veracidad, o el grado de
manipulación o tergiversación de una noticia. Pero sólo en el último año el
Ministerio de Comunicación e Información, responsable de vigilar y
reglamentar el funcionamiento de los medios, ha señalado de "falsas",
"interesadas" o "manipuladas" noticias como el aumento de la inseguridad
ciudadana, del narcotráfico y de la corrupción en Venezuela, el
desabastecimiento de alimentos o la existencia de armas venezolanas en manos
de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia;
informaciones que los medios independientes, nacionales e internacionales,
han dado por ciertas.
Para los directores, gerentes o editores de medios la ley contempla dos
nuevos tipos de delito. Los que se nieguen a revelar la identidad del autor
de una emisión o artículo que utilice como nombre un seudónimo o se ampare
en el anonimato podrían ser castigados con penas de seis meses a tres años
de prisión, según el artículo 7 del proyecto de ley. Y aquellos que omitan
de manera voluntaria o injustificada si podrían ir a la cárcel, por espacio
de dos a cuatro años, según el artículo 10.
"¿Qué entiende la Fiscalía por delito mediático?", se preguntó el Colegio
Nacional de Periodistas a través de un comunicado difundido el jueves. "¿El
uso deliberado de un adjetivo? ¿La parodia política de un humorista? ¿La
publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿La cifra
sobre los índices de criminalidad? ¿Las críticas ante los excesos de un
poderoso". Para el gremio, dice el documento, este proyecto está enmarcado
"dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para
amedrentar a la población e instarla a que haga silencio". El cerco contra
285 emisoras de radio y televisión que, a finales de junio, fueron
amenazadas por el Gobierno con el cierre; el anuncio de reformas a la Ley de
Ejercicio del Periodismo; y la criminalización de la disidencia política,
sostiene el CNP, son acciones que forman parte de ese ataque. La
organización francesa Reporteros Sin Fronteras también ha denunciado que
modificaciones legislativas como ésta que hoy se promueven en Venezuela
constituyen una "cruzada" del Gobierno de Hugo Chávez contra los medios de
comunicación privados.
Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela -varios de ellos
periodistas, que proyectaron su carrera política a través de encendidas
denuncias- no comparten la opinión del gremio. Este jueves, varios de ellos
gritaron "vivas" y aplaudieron al escuchar la propuesta de la fiscal, en
señal inequívoca de su disposición a aprobar la ley antes de fin de año.
Hace una semana, el presidente Hugo Chávez ordenó a la Asamblea Nacional que
antes de diciembre -y antes de que, en 2010, termine la legislatura en la
que el oficialismo tiene mayoría- debía aprobar un conjunto de leyes
"revolucionarias" y derogar las "contrarrevolucionarias" que impiden que el
socialismo del siglo XXI avance. "¡Leyes revolucionarias, inexorables!",
pidió Chávez, para "terminar de demoler las viejas estructuras del Estado
burgués y crear las nuevas estructuras del Estado del proletariado,
bolivariano". La Ley Especial de Delitos Mediáticos es una de ellas.
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