SANTO DOMINGO. En la convivencia de 22 años con los invasores, la población vivió bajo tensión y temor a causa de las medidas de fuerza tomadas por el régimen de Jean Pierre Boyer que afectaron sus intereses, y al final de la dominación haitiana varios trinitarios fueron perseguidos, como los libertadores Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez, quien fingió su muerte para eludir la asechanza.
Desde los primeros tiempos de la dictadura extranjera, el gobernante Jean Pierre Boyer tomó disposiciones que desafiaban las costumbres y algunas perjudicaron a los comerciantes de la parte Este.
“Una de ellas fue la decisión de prohibir el 20 de marzo de 1823 todo comercio de exportación entre Haití y las demás islas del Caribe, en donde la invasión de Boyer había provocado disgustos, sobre todo entre las autoridades francesas y españolas y donde se hablaba continuamente del gobierno haitiano”, cuenta el historiador Frank Moya Pons en su obra “La dominación haitiana”.
Entonces, Santo Domingo comerciaba con Cuba, Puerto Rico, Martinica, Saint Thomas y Curazao, a donde viajaban goletas y bergantines cargados de caoba y tabaco y retornaban con importaciones de harina, arroz, telas, piezas de hierro y otras manufacturas.
“Esa medida inició una política de aislamiento comercial que afectó gravemente a los importadores y exportadores de ambas partes de la isla, por lo que la misma no se pudo mantener por mucho tiempo”, agrega el autor.
Además, Moya Pons argumenta: Boyer, “que estaba empeñado en mantener un control estricto de la población del Este, recargó aún más las tensiones al disponer en mayo de 1823 que para ejercer la profesión de comerciante era necesario ser ciudadano haitiano”, y para que los comerciantes residentes y establecidos en la parte española antes de la toma de posesión, obtuvieran ese beneficio, era necesario que prestaran previamente juramento de fidelidad a la República, por ante los tribunales de paz, renunciando formalmente a su cualidad de extrangeros, y “ese privilegio sólo podían adquirirlo en caso de que poseyeran bienes raíces en Haití”, pues de lo contrario no serían considerados sino como verdaderos transeúntes’.
La relación del gobierno y la iglesia católica también se mantuvo tirante. El clero rechazaba al régimen, ya que perdió propiedades, sueldos y cargos en la Universidad Santo Tomás de Aquino, cerrada luego de que Boyer ordenara el reclutamiento de jóvenes de 16 a 25 años para alistarlos en el ejército, por lo cual la academia se quedó sin alumnos y cerró.
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Joaquín Balaguer escribió que, ante las adversas circunstancias que enfrentaba, Valera salió el 28 de junio de 1830 hacia el destierro en Cuba, en compañía de un grupo de religiosos y de algunos laicos. Y contó que “un asesino, pagado probablemente por el usurpador, había atentado pocos meses antes contra su vida”. “La punta del puñal del asesino se partió providencialmente sobre la cruz que el prelado llevaba pendiente del cuello”, agregó el escritor y expresidente dominicano.
También los campesinos del Cibao le hicieron resistencia al régimen, ya que no acataban el mandato de cultivar frutos como el cacao y la caña de azúcar y optaban por dedicar sus energías al corte de madera, a la crianza de ganado y a la montonería, labores a las que estaban acostumbrados y no les demandaban grandes esfuerzos.
En el Este no fue aceptado el trabajo obligatorio con el que los haitianos estuvieron familiarizados en otras épocas y trataron de imponer. La disposición, copiada del código napoleónico, entró en vigencia en Haití en el año 1821, para garantizarles mano de obra a los grandes y medianos propietarios, ya que impedía a los campesinos abandonar los predios donde laboraban.
La medida fue rechazada por los trabajadores haitianos y por los dominicanos. Los haitianos argumentaron que no se habían rebelado contra sus antiguos amos para ser de nuevo esclavos, y los dominicanos se justificaban expresando que habían vivido siempre sin ataduras a la tierra.
En el Santo Domingo español no se concebía ni se aceptaba que se pretendiera cambiar la tradición laboral. En este territorio, el trabajo agrícola se basaba, en gran parte, en la ganadería, en la producción de algodón y tabaco y en el corte de madera.
A pesar de que disponían de miles de tareas, los hatos eran explotaciones medianas, con un número de reses mansas que oscilaban normalmente entre 100 y 300 cabezas. El propietario raramente tenía más de tres esclavos trabajando. Esto implicaba que en el hato prevalecía la cooperación laboral entre el sometido, el propietario y su familia.
En el Este, el objetivo básico del código era garantizar la distribución de tierras y la eliminación del sistema de los terrenos comuneros, de acuerdo a la ley del 8 de julio de 1824, que perjudicó a los grandes propietarios, incluyendo a la iglesia católica.
